El entonces consejero de Políticas Sociales asegura que la primera vez que se planteó dimitir fue al comprobar «la indiferencia dentro del Gobierno a la tragedia de Monte Hermoso», la primera residencia que se convirtió en noticia por el elevado número de muertes y contagios. El 25 de marzo, una semana después de que se empezara a hablar de Monte Hermoso y cuando ya casi mil personas habían fallecido en residencias, Reyero pidió ayuda en el Consejo de Gobierno telemático que se celebró aquel día. «Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. “La situación es límite”, les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones», escribe Reyero. Y añade: «Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: “Les da igual”». ¿Frialdad e indiferencia ante la muerte de cientos de personas mayores, muchas de ellas dependientes, que se ahogaban en su propia tos, encerradas en sus habitaciones? ¿De qué calaña tienes que ser? El lector descubrirá a lo largo de esta obra abundantes ejemplos de semejante indolencia e insensibilidad. En un país normal, decente, el mismo día que se publicase este libro, la Fiscalía de Madrid abriría diligencias, citaría a declarar a algunos protagonistas mencionados por Reyero, pediría documentación al Gobierno autonómico e iniciaría una investigación seria y en profundidad. Claro que, en un país decente, los familiares de muchas víctimas no habrían tenido que soportar el escarnio de determinados autos judiciales y resoluciones fiscales de archivo, sin tomarse la molestia de realizar la más mínima investigación sobre los hechos descritos en las denuncias. Y todo ello ante la inaceptable y cómplice pasividad de la fiscal general del Estado hasta julio de 2022, Dolores Delgado. Este libro desnuda también el funcionamiento de un poder opaco y corrupto. Opaco a veces incluso para el propio Reyero, a quien la presidenta Isabel Díaz Ayuso ocultó una reunión al principio de la pandemia donde en teoría se diseñó un plan con 270 actuaciones. «¿Dónde se encuentra ese plan con 270 medidas de lucha contra la pandemia? Porque si ahí están contenidas las líneas de actuación para enfrentarse a la mayor urgencia sanitaria de los últimos tiempos, ¿no deberíamos haber tenido acceso a ellas? Pero la realidad es que no lo hemos visto nunca. Ni nosotros ni nadie», se lamenta. Un poder corrupto en la medida en que se apoya en un costoso aparato de propaganda para imponer un relato falso. (...)
«Quien es ciego ante los hechos y la realidad es un peligro mayor para la verdad que el mentiroso», sostiene con razón el filósofo Byung-Chul Han, para quien «decir la verdad es un acto genuinamente político». Hay mentiras tan burdas que no llegan ni a falacia, solo aptas para el consumo de tontos de remate, como la de que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias. Pero hay otras falsedades más elaboradas: que fue un tsunami ante el que no se pudo hacer nada; que el único culpable fue el bicho (simpleza que también propagó con entusiasmo casi fanático el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro); que en todas partes se actuó igual; que lo ejecutado con los residentes fue un triaje… Y la más inhumana de todas: que las personas fallecidas sin recibir atención médica en las residencias habrían muerto igual si las hubiesen trasladado a un hospital. Una verdadera estafa argumental que la propia Ayuso colocó en un programa nocturno de máxima audiencia, donde fue a hacer el saltimbanqui en vez de aprovechar para pedir perdón a los familiares de las víctimas. Frente a ello, Reyero explica cómo actuaron de forma diferente en otras comunidades autónomas, denuncia que el «hospital milagro» montado en Ifema «tenía truco», detalla el escándalo de la llamada «operación bicho» y disecciona el Protocolo de la Vergüenza, que establecía «que había vidas dignas de ser vividas y otras que no. Así de claro. La terminología médica escondía una discriminación inaceptable: si vives en una residencia no tienes derecho a ir al hospital. Tampoco si tienes una discapacidad. Hay otras vidas que merecen ser salvadas antes que la tuya». Decir la verdad es, desde luego, un acto genuinamente político. (...)
Los que por acción u omisión permitieron que 7291 mayores fallecieran en las residencias de Madrid sin recibir la atención sanitaria a la que tenían derecho son personas indignas. Y los que mintieron, ocultaron o manipularon los hechos, también. Y quienes se negaron a investigarlos, también. Aunque disimulen, aunque lo nieguen, todos ellos llevarán el resto de sus días ese peso de indignidad sobre sus conciencias. Y en el futuro, cuando se escriban los libros de historia, los miembros de su estirpe se avergonzarán de ellos al conocer lo que hicieron en aquella primavera negra de 2020. Manuel Rico Julio de 2022 (...).
Que las políticas sociales han importado muy poco en el PP, lo sabe cualquiera medianamente interesado en la materia. En el menos dañino de los casos lo han considerado como caridad, nunca como derecho. Sus distintos consejeros mostraron un desconocimiento generalizado de la materia, que tampoco es lo más grave, porque de todo uno acaba aprendiendo. Pero cuando no se tiene ningún interés, no hay nada que hacer. Por esa razón, la Comunidad de Madrid es en la actualidad la comunidad autónoma con las políticas sociales más obsoletas de España. La Ley de Servicios Sociales de 2003 o la de Infancia de 1995 son solo dos ejemplos que harían sonrojar a cualquier persona con un mínimo compromiso hacia los más vulnerables. Han gozado de mayorías absolutas durante muchas legislaturas para sacar adelante esas reformas. Y no han hecho nada. No han querido. No les ha importado. (...)
No hay rastro alguno de esa reunión en las agendas públicas de sus participantes. La única persona que incluyó alguna actividad ese día fue la presidenta, con un acto suficientemente conocido: la conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11-M. Con posterioridad ha habido diversas peticiones de información acerca de las personas que pasaron por la Puerta del Sol durante esa semana. Por supuesto, no han facilitado ninguna información. No supimos nada de la existencia de esa reunión hasta que Antonio Burgueño, el único que no formaba parte del Gobierno, la mencionó en una entrevista publicada en junio de 2020 en El País36. En esa entrevista, explicaba que había recibido una llamada de la presidenta a las cinco de la tarde del 10 de marzo para pedirle su opinión sobre la pandemia. «Le dije que lo veía muy mal y le propuse hacer un plan. Mi idea es muy militar, muy del ejército y de empresa. Me dice: “Mañana nos lo cuentas en la Casa de Correos a [el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz] Escudero, [el consejero de Hacienda, Javier Fernández] Lasquetty y a mí”», afirmaba Burgueño. Y la entrevista continuaba: P. ¿Qué pasó al día siguiente? R. Les dije: «Tienen ustedes necesidad de un plan de guerra». No sé si usé esa expresión, pero uno de los presentes dijo: «Ya tenemos un general». Yo propuse que una persona tuviera el mando único, ajeno al mando político. Me fui y en cuestión de 24 horas, yo y el equipo de mi consultoría elaboramos un programa con 270 tareas que fue presentado el jueves 12 por el consejero Escudero. Desde que me enteré de aquella reunión, no han dejado de rondarme muchas preguntas. ¿Por qué la mantuvieron en secreto ante el vicepresidente del Gobierno y ante mí? ¿Por qué no contaron con la persona que tenía más información sobre las residencias —yo— para elaborar las medidas pertinentes? ¿Por qué, en cambio, sí estaba presente el consejero de Hacienda? ¿Hubo más reuniones similares? Y, sobre todo, ¿dónde se encuentra ese plan con 270 medidas de lucha contra la pandemia? Porque si ahí están contenidas las líneas de actuación para enfrentarse a la mayor urgencia sanitaria de los últimos tiempos, ¿no deberíamos haber tenido acceso a ellas? Pero la realidad es que no lo hemos visto nunca. Ni nosotros ni nadie. Ese plan también se ha solicitado por medio de transparencia. La respuesta ha sido la habitual en estos casos: negar su existencia (...).
Aunque el consejero de Sanidad había subrayado la importancia de que las residencias mantuvieran informada a su Consejería, lo cierto es que la residencia Monte Hermoso ya lo había hecho. Desde nueve días antes. La propia Consejería de Sanidad lo acabaría reconociendo. He contado este caso para que no perdamos de vista la gravedad de la epidemia, pero también por lo que ocurría con la medicalización de las residencias. En una entrevista que le hicieron ese mismo día 17 por la tarde en Informativos Telecinco, Isabel Díaz Ayuso siguió la estela argumental marcada por el consejero de Sanidad en la SER. Primero, afirmó que no sabía nada del estado de la residencia hasta que los medios de comunicación informaron de la muerte de diecisiete personas. Además, afirmó que todas las residencias ya estaban medicalizadas, ya fueran públicas, privadas o concertadas. Reproduzco lo que dijo en esa entrevista: «Nos ha llegado la información a lo largo de la tarde. Dentro de toda la red asistencial, en su práctica totalidad todas las residencias están todas medicalizadas. De esta no sabíamos que estaban en esta situación. […]. Yo lo que también quiero transmitir es que no es la tónica general en nuestras residencias». Y continuó diciendo lo siguiente: «En las que son públicas están medicalizadas. En las privadas concertadas como este caso lo que hemos hecho es trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger a los mayores, la población más vulnerable»42. ¿Sabía de lo que estaba hablando? Hay que recordar que esto lo estaba diciendo el 17 de marzo por la tarde. Solo cinco días antes, uno de los puntos del Plan de lucha contra el coronavirus que acababan de anunciar afirmaba que «las residencias se van a medicalizar». De ser cierto lo que afirmaba la presidenta, estaríamos ante unos gestores con unas capacidades sobrehumanas. Solo habían necesitado cinco días para medicalizar unas 200 residencias. Huelga decir que lo que decía la presidenta no era verdad. Ni siquiera se le parecía. (...)
Necesitábamos una mayor involucración de la Consejería de Sanidad, responsable de llevar la atención sanitaria a las residencias. En otras comunidades autónomas ya se estaba haciendo así. De Andalucía tenía información directa. Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Andalucía y responsable de las residencias andaluzas, me había comentado por teléfono: «En cuanto se detecta un solo caso de covid en una residencia, la Consejería de Salud toma el mando. Esa es la operativa que tenemos». Días después pude ver el acuerdo en el que se sustentaba lo que me había dicho la consejera: se había tomado el 20 de marzo y salió publicado diez días más tarde en el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía44. Algo similar también ocurría en la Comunidad Valenciana, como habíamos podido ver en una noticia publicada el 18 de marzo en El Confidencial: «Las residencias de ancianos de la Comunitat con casos de virus tendrán control público»45. En el cuerpo de la noticia explicaban en qué consistía ese control: «Las residencias de ancianos públicas y privadas de la Comunitat Valenciana en las que se produzcan brotes de coronavirus pasan al control y protección de la Conselleria de Sanidad, que tendrá plena capacidad de inspección para evaluar la situación y tomar las medidas oportunas». En la Comunidad de Madrid, en cambio, seguían sin tomarse medidas semejantes. (...)
No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado47. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones. Era la misma respuesta que estaba recibiendo mi equipo durante esos días y que me transmitían desconsolados. El único momento en el que hubo alguna reacción fue cuando me quejé amargamente de que no se nos tuviera en cuenta, de que no importábamos, de que se nos estaba dejando a nuestra suerte. El consejero de Sanidad se molestó por mis comentarios. Podría citar muchos ejemplos de nuestros gritos de auxilio a la Consejería de Sanidad durante esos días para que medicalizaran las residencias. Pero no quisieron escucharlos. Y no lo digo solamente yo. El 22 de junio de 2020, El País publicó una entrevista con Carlos Mur, que había sido director general de Coordinación Socio-Sanitaria, y, por tanto, una persona con mucha relevancia en la Consejería de Sanidad al comienzo de la pandemia. Este fue el titular: «El responsable de medicalizar residencias en Madrid admite que la atención fue insuficiente durante semanas»48. Por otro lado, en su posterior comparecencia ante la comisión de investigación sobre residencias de la Asamblea de Madrid, en febrero de 2021, Antonio Burgueño, el asesor del Gobierno madrileño durante esas fechas, reconoció que la medicalización de las residencias no llegó a ponerse en marcha. «Estamos hablando de que el enfermo no fue bien atendido», dijo ese día. También lo dijo en la entrevista gracias a la cual me enteré de la reunión clandestina en Sol: «La medicalización de las residencias no se llevó a cabo. En el ejército es todo muy fácil. Faltó jerarquía, rapidez y eficacia», reconocía Antonio Burgueño en El País49. Como no estuve presente en aquella reunión secreta del 11 de marzo, jamás sabré qué falló exactamente para que no se produjera la prometida medicalización. Solo me queda especular sobre el asunto. Que la comisión de investigación terminara abruptamente tampoco ayuda a conocer las respuestas a preguntas como: ¿es probable que en aquella reunión anunciaran la medicalización de las residencias porque era una medida amable, aunque sabían de antemano que no la llevarían a término? Y una pregunta que me cuesta escribirla, pero tengo que hacerla: ¿alguno de los asistentes consideró que si iba a haber muertos mejor que se produjeran en las residencias (lejos del foco mediático) y no en los hospitales? (...)
"Nada de lo que pasó en marzo y abril de 2020 es ajeno a las políticas aplicadas durante los últimos veinticinco años en la Comunidad de Madrid. No puede serlo. El sistema sanitario y los servicios sociales partían de una situación de precariedad. Si la situación ya era grave en todo el país51, aún lo era más en la región madrileña. Por ejemplo, el Índice de desarrollo de los servicios sociales 2020, publicado en mayo de 2021 por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, otorgaba la peor calificación posible a la Comunidad de Madrid en prestación de servicios sociales o en presupuesto dedicado a ellos52. Algunos medios se hicieron eco de la presentación de este informe. ElDiario.es, por ejemplo, tituló la noticia de la siguiente manera: «Madrid y Murcia son las comunidades que afrontaron la crisis de la COVID con peores servicios sociales»53. Además, recordemos que en esa época aún seguían vigentes los presupuestos aprobados en diciembre de 2018 porque no se había intentado llegar a ningún acuerdo para sacar adelante unos nuevos, como sí había sucedido en otras comunidades autónomas con gobiernos de coalición. La razón real de que no se hubiesen aprobado unos presupuestos para 2020, a mi juicio, era que el Partido Popular no quería enfrentarse a Vox a sabiendas de que Ciudadanos se opondría a algunas de sus exigencias. (...)
En resumen, y explicado de manera sencilla: tuvimos que enfrentarnos a una crisis sanitaria con una financiación ya de por sí escasa y con un presupuesto inferior al del año anterior. (...)
¿La razón de lo que ocurrió en marzo y abril de 2020 en las residencias madrileñas es consecuencia de esas políticas (y las de los veinticinco años anteriores)? No solo, claro. En cualquier desastre, las causas son siempre múltiples, y algunas son muy difíciles de controlar. Pero ¿influyeron? Sin ninguna duda. ¿Si las residencias hubieran estado bien financiadas habríamos evitado la hecatombe? Rotundamente, no. Los tsunamis, cuando llegan, se lo llevan todo por delante. Pero también es verdad que las construcciones más sólidas y flexibles resisten mejor que las endebles: un mismo tsunami no causa los mismos estragos en las costas de Japón que en las de Filipinas. Y el sistema residencial madrileño mostraba señales de debilidad desde hacía demasiado tiempo. Y no solo hablo de inversiones insuficientes: las leyes sociales vigentes en Madrid eran las más antiguas de España. Teníamos una ley de infancia de 1995 —obsoleta después de dos reformas de calado en la legislación nacional—, una ley de servicios sociales de 2003 —previa a la ley de dependencia— y una normativa sobre residencias de los años ochenta y noventa del siglo pasado, por citar solo los ejemplos más sangrantes. La Comunidad de Madrid era la comunidad autónoma con la legislación social más obsoleta de toda España. (...)
«No ha logrado sacar adelante en ese año y siete meses de legislatura ningún presupuesto y que solo ha aprobado una ley, la del Suelo, recurrida ante el Tribunal Constitucional al haberse aprobado sin el quorum necesario», contaba una noticia de elDiario.es publicada el 14 de marzo de 2021, cuando Ayuso anunció la convocatoria de elecciones anticipadas57. Estas cosas revelan un problema que no es de ahora: en esta Comunidad se ha estado más preocupado por esconder la corrupción (Gürtel, Púnica, Lezo…) o por bajar impuestos a costa de los servicios públicos que de prepararse para gobernar en condiciones. (...)
El 21 de marzo volví a las oficinas de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Era el tercer sábado consecutivo que lo hacía desde que conocimos el primer fallecimiento en una residencia madrileña porque esas visitas me permitían hablar con el equipo que estaba en primera línea, profundizar en la evolución de la crisis y transmitirles el apoyo del Gobierno en un momento tan difícil. Esa mañana, el gerente de la AMAS me informó, nada más llegar, de que acababan de recibir un protocolo de Sanidad que les tenía muy preocupados. Era la primera vez que me hablaban de la existencia de un protocolo que, de aplicarse, impediría que muchos de nuestros residentes fuesen atendidos en los hospitales. Le pedí que me lo enseñara. El documento les había llegado adjunto en un correo electrónico enviado por Carlos Mur, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, área dependiente de la Consejería de Sanidad, con el siguiente mensaje: Asunto: protocolo derivación hospitales a residencias (geriatra referente)- atención en residencias Att./ Directores Gerentes y Directores Médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid Buenos días a todos, Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo actualizado para criterios de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid, servicios de Geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto. Además, protocolo de actuación y protección elaborado por el AMAS (Dr. Primitivo Ramos) y listado de recursos (residencias de mayores con sus hospitales de referencia) Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible. En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIS en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales. El objetivo primordial en este momento es disminuir fallecimientos evitables en determinados centros. Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada. (...)
Estos protocolos expresaban que un residente que presentase síntomas de Covid-19 o sufriese cualquier otro problema de salud no sería trasladado a un hospital si cumplía alguno de los «criterios de exclusión». Estos criterios no se aplicaban para las personas que viviesen en sus domicilios y no en una residencia. Es decir, la condición sanitaria de los pacientes no era tan importante como el lugar en el que vivían. Tal cual. (...)
No hace falta que entre en detalles acerca de cómo morían las personas contagiadas de covid; imaginaos las que lo hacían sin un adecuado soporte sanitario. Porque todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a la sanidad y a no ser discriminados. Y no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución en su artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»). ¿A cuántas de esas personas que, con el tratamiento adecuado, podrían haber superado la enfermedad en un hospital se les negó el acceso? No lo sabemos. Y no lo llegaremos a saber nunca. Pero intuimos que fueron muchas. (...)
La noticia mencionaba que la instrucción «había generado un profundo malestar en las asociaciones que representan a las personas con diversidad funcional» y que «esta indicación figuraba en el protocolo frente a la pandemia del Covid-19 que la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria había enviado a las residencias de mayores de la región esta semana, tal y como avanzó El Español y confirmaron a este periódico en el Gobierno regional». La frase final es muy importante porque incluía la confirmación, por parte del Gobierno regional, de la existencia de esas instrucciones. ¿Por qué la considero importante? Porque dos meses después, el 28 de mayo, la presidenta lo negaría rotundamente en el pleno de la Asamblea. (...)
Unos minutos después del lanzamiento de la nota de prensa de la Comunidad de Madrid, a las 20:35, Okdiario publicaba una noticia con el siguiente titular: «Ayuso aparta a Cs de la gestión de las residencias de mayores e impone un mando único»97. El cuerpo de la noticia reproducía de manera bastante fiel la nota de prensa publicada solo unos minutos antes por Presidencia sobre el plan de choque (algunos párrafos son los mismos) en la que no se decía nada de apartar a nadie. Pero el titular era muy claro. Aclaraba cómo había que interpretar ese plan de choque: «Ayuso aparta a Cs». Eso era lo sustancial. Se insistía en lo mismo que ya había hecho ESdiario una semana antes. Había que dejar muy claro a quién se apartaba. En el titular. Para eso están los medios amigos. Ya habrá tiempo de recompensarles. Por otro lado, la información de Okdiario insistía en que la decisión de Ayuso implicaba «unificar la gestión del coronavirus dentro de su Gobierno» y «aparcar el mando de una de las carteras de Cs». E insistía: «Esto implica que los responsables hasta el momento, Cs, quedan al margen de la Consejería de Políticas Sociales por lo que respecta a las residencias y hasta que pase la situación de emergencia». Que eso no fuera lo que decía la nota de prensa publicada unos minutos antes por la Comunidad de Madrid les importaba poco. Hay que reconocer las prisas que se habían dado en Okdiario en hacer esa interpretación. Solo habían necesitado unos minutos. Eso sí, con el tiempo suficiente para que se replicara en los telediarios de la noche. Porque eso es lo que pasó. Algo que se ha hecho muy habitual en los últimos tiempos: se publica una información en un medio digital amigo y a continuación las televisiones se hacen eco, replicándola y amplificándola en sus informativos. En eso consiste su estrategia. La veremos repetida en centenares de ocasiones. Y eso fue lo que ocurrió. La interpretación de Okdiario, y no la nota de prensa, es la que saltó a los medios, especialmente a los telediarios de la noche. Y desde Sol, al mismo tiempo, empezaron a contar a los periodistas que se habían visto obligados a hacerlo por mi incompetencia, negligencia y el desastre de mi gestión. Es algo que en ese momento ya intuía que estaban haciendo, pero más tarde me lo confirmaron varios periodistas. El mensaje era diáfano: yo era el culpable. ¿De qué? De todo. (...)
Es curioso que tres meses después del anuncio del plan de choque, el 24 de junio, en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, la presidenta Ayuso corrigiera a Okdiario —y los mensajes que su entorno estaba contando a los periodistas— afirmando que no me habían quitado las competencias durante la crisis del coronavirus «sino que la Comunidad de Madrid estableció un plan de choque entre tres consejerías (Políticas Sociales, Sanidad e Interior) para trabajar de manera conjunta en las residencias y frenar los contagios y fallecidos», según una noticia de Europa Press que recoge las declaraciones de la presidenta en esa entrevista100. A buenas horas llegaban esas aclaraciones. Había tenido tiempo de sobra para desmentir los mensajes de su propio equipo, pero entonces no le interesaba. La aclaración habría tenido algún valor la misma noche del 26 de marzo o en los días posteriores, pero tres meses después llegaba tarde. Es más, demostraba una vez más la tortuosa relación que tienen con la verdad. ¿Quién iba a prestar atención a la verdad dicha tres meses después? El mal estaba hecho. Y sabían perfectamente lo que se hacían. La misma noche del 26 de marzo me llegaron muchos mensajes de WhatsApp mostrándome apoyo, aliento y cariño. Y no solo de compañeros de partido. (...)
Sobre las 9:00 recibí una llamada telefónica de la presidenta comunicándome la decisión de poner en marcha un plan de choque en las residencias. A las 13:00 mantuvimos una reunión telemática en la que la presidenta especificó algunos detalles adicionales de ese plan y en la que también estaba el alcalde de Madrid, el vicepresidente y los consejeros de Sanidad y de Justicia. A las 16:40, El Mundo recogió la noticia de que «Sanidad de Madrid rectifica la instrucción de no llevar al hospital a ancianos con discapacidad y síntomas de coronavirus». Sobre las 19:00, la Consejería de Políticas Sociales publicó una nota de prensa que informaba por primera vez acerca del número de fallecidos en residencias. Alrededor de las 20:00, Presidencia publicó una nota de prensa anunciando la puesta en marcha del plan de choque. Y finalmente, a las 20:35, Okdiario publicó cómo había que interpretar ese plan de choque: «Ayuso aparta a Cs de la gestión de las residencias de mayores e impone un mando único», que sirvió como trampolín para que la noticia saltara a los medios nacionales. Este titular de Okdiario (y sus réplicas mediáticas) tapó informaciones muy relevantes, como las verdaderas características del plan de choque, el número de fallecidos en las residencias o el reconocimiento que hacía el Gobierno regional de que existía un protocolo que impedía el traslado de personas con dependencia y discapacidad a los hospitales. Todas estas cuestiones quedaron fuera del foco público (...)
como la incorporación de MAR y la llegada de la pandemia casi coincidieron en el tiempo, es difícil saber si la estrategia de Ayuso cambió por su llegada, por el covid, o, lo más probable, por las dos. ¿Se aprovechó la pandemia para poner en marcha una nueva estrategia? No deja de ser una opinión, pero no tengo ninguna duda de que así fue. A partir de ese momento, convertir a la presidenta en un «personaje» con alcance nacional pasó a ser una verdadera obsesión para Sol. Se trataba por un lado de completar lo que había quedado inacabado (Miguel Ángel Rodríguez había sido su asesor durante la campaña para las elecciones de mayo de 2019) y, por otro, de repetir la jugada que tan bien había salido en los años ochenta con Aznar desde la presidencia de Castilla y León. Esto ya ha sido muy comentado por decenas de analistas políticos, pero a efectos prácticos la nueva estrategia consistió en intensificar la agresividad del discurso de Ayuso, buscando en muchos casos la vulgaridad y los mensajes faltones, siempre dirigidos al presidente Sánchez. Para ello se aprovechó el peculiar estilo de la presidenta, que ya conocía bien porque había compartido escaño con ella varios años en la Asamblea. Barbaridades dichas como si tal cosa, sin inmutarse, con cierta chulería, pero sin decir una palabra más alta que otra. Además, se apostó por perseguir los titulares a toda costa o las fotografías (aunque fueran ridículas) con tal de salir en los medios. Este estilo tampoco era ninguna novedad en la Comunidad de Madrid. Desde un primer momento pretendieron volver a los años de Esperanza Aguirre. Entonces, este tipo de comportamientos les sirvieron para enfrentarse a los casos de corrupción que casi les hicieron descarrilar. En esta ocasión solo les faltaba la mayoría absoluta para hacer lo que les diera la gana, pero el resto era igual: desde el desparpajo en el discurso, el control férreo de los medios de comunicación o el desprecio a rendir cuentas en la Asamblea. Pero, sobre todo, la repetición machacona de ese agravio institucional, esta vez sustituyendo a Zapatero por Sánchez. Cualquier cosa que saliera mal, entonces y ahora, era responsabilidad del Gobierno central; y lo que salía bien se debía a la magnífica gestión de la presidenta. Hasta encontraron un nombre para lo que representaba Sánchez: «Madrileñofobia». Esa estrategia llegó a límites tan grotescos que, durante la campaña electoral de 2021, cuando la gestión de la vacunación presentaba unos resultados muy malos en la Comunidad de Madrid en comparación con el resto de comunidades autónomas, la presidenta hizo afirmaciones tan estrafalarias como esta: «Si no hubiera sido por el Gobierno, yo ya tendría Madrid vacunada al 100 %». Sin tener en cuenta que el problema de disponibilidad de vacunas era europeo y que Madrid siempre puntuó mal en el porcentaje de vacunas dispensadas respecto a las disponibles. Pero qué más da, también los defensores del Brexit aseguraban que financiarían el sistema sanitario británico con los 350 millones de libras semanales que dejarían de enviar a la Unión Europea. Es una estrategia claramente populista pero que da muy buenos resultados. (...)
La receta de confrontación y consignas simplonas se convirtió en el pan nuestro de cada día. La política como espectáculo y no como gestión. Aunque se hable continuamente de gestión, esta no importa tanto como las consignas resultonas del tipo «socialismo o libertad». (...)
En la parte que nos toca, el nombramiento de MAR supuso que todo quedara al servicio del relato y que lo importante fueran los fines. Daba igual que lo que se transmitiera fuera verdad o mentira, aunque hay que decir que muchas veces era pura ficción. Los medios no importaban, como tampoco importaban los escrúpulos. Si había que echar la responsabilidad sobre las espaldas del consejero de Políticas Sociales, se hacía, apoyándose además en periodistas y medios subvencionados. (...)
Y para que nadie vea inquina hacia ningún medio concreto, se trata de dos noticias de ABC publicadas unas semanas después. La única diferencia era el redactor que las firmaba. En las dos es muy fácil identificar un mismo mensaje original, pero contado de manera muy diferente. La primera es del 31 de mayo e incluía la siguiente afirmación: La situación de Alberto Reyero en el Gobierno regional es delicada. Entre las filas populares le culpan de «la desastrosa gestión de las residencias de mayores» durante las primeras semanas de la pandemia del coronavirus. Tanto es así, que Ayuso impuso un mando único en la figura del responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; algo que se leyó como una desautorización total a cómo Alberto Reyero estaba haciendo las cosas103. La segunda noticia se publicó solo unos días más tarde, el 5 de junio, una vez que se habían conocido los emails que había enviado al consejero de Sanidad. La traigo aquí por el siguiente párrafo: De ruido de fondo está la pelea soterrada que ha mantenido Reyero desde el inicio de la pandemia: fue el primero en denunciar que las residencias no podían atender la situación y pidió la ayuda del Ejército, que la presidenta Ayuso desestimó en un primer momento, pero luego aceptó. Días después, ella creaba un mando único que colocaba las residencias, desde el punto de vista sanitario, bajo las órdenes de Sanidad. Reyero lo agradeció y afirmó que era su petición: medicalizar las residencias. Pero desde el equipo de la presidenta se vendió como una desautorización al consejero de Políticas Sociales104. Con una diferencia de cinco días, las dos informaciones aludían a la puesta en marcha del plan de choque, aunque con una diferencia radical: mientras que la primera noticia nos decía que se había leído como una desautorización total, la segunda aclaraba que era el mensaje que estaba vendiendo el equipo de la presidenta. El redactor de la primera noticia había dado por bueno lo que le contaban desde Sol y ni siquiera mencionaba las fuentes que estaban detrás. Era casi un hecho probado. No había que dar más explicaciones. En la segunda noticia, por el contrario, la periodista era muy consciente de que ese mensaje se lo estaban vendiendo desde el equipo de la presidenta y marcaba espacio propio. (...)
También agradecí mucho los ánimos de quienes me conocían y de quienes sabían de qué iba la cosa. Pongo como ejemplo un tuit del 19 de abril de 2020 escrito por Raúl Camargo, diputado de Podemos durante la legislatura anterior a la pandemia, muy activo en materia de residencias: Esto es inaudito: Ayuso quiere cargarle el marrón de las Residencias a Reyero, que lleva ahí solo unos meses y al que encima le quitó las competencias hace un mes… el PP lleva 25 años destruyendo los centros residenciales. Que nadie olvide eso…110 Durante la anterior legislatura habíamos estado en desacuerdo en muchas cosas, pero hay que reconocer que teníamos un concepto parecido de la honestidad. Por esa razón, no puedo más que agradecerle que escribiera ese tuit. Una persona muy allegada también me explicó la situación de una manera muy gráfica en un mensaje privado: «Alberto, esto es como si te acabaran de nombrar director de un camping que lleva 25 años abierto, que se construyó en el cauce de un río y en el que no se ha tomado ninguna medida de protección durante todo ese tiempo. Llega un día, a los seis meses de hacerte con la dirección del camping, en el que se desata la gota fría y su consiguiente riada, y se lo lleva todo; una auténtica catástrofe. Y resulta que el responsable del desastre eres tú. No cuela». Todos estos comentarios me ayudaron a no rendirme. (...)
Quien quiera leerla, se encontrará con que en esa orden conjunta no se habla de ninguna retirada de competencias a la Consejería de Políticas Sociales. Porque para que estas cosas se lleven a término no basta con que Okdiario publique una noticia, pese a que en el Madrid trumpista parezca que sí. No me extenderé mucho sobre ello porque es algo farragoso. Pero, más allá de la ausencia de algún documento que permita su evaluación, la plasmación jurídica de la orden conjunta fue bastante chapucera. De haberse hecho bien, la orden conjunta sería el desarrollo normativo del decreto autonómico que puso en marcha el plan de choque. Pero como eso no se hizo, hubo que buscar la necesaria percha jurídica en otro sitio. Y se tuvo que recurrir a la Orden Ministerial SND/275/2020, de 23 de marzo, tal y como yo mismo había solicitado días antes en un Consejo de Gobierno. A efectos jurídicos, el famoso plan de choque era inexistente. En términos prácticos, la Orden 1/2020 delimitaba claramente las competencias de cada una de las dos consejerías en relación con las residencias. Simplificando, dejaba claro que a la de Sanidad le correspondía ocuparse de todo lo que tuviera que ver con altas, bajas y traslados de residentes, así como la medicalización de los centros. A la de Políticas Sociales nos permitió realizar algunas intervenciones en residencias, como el diseño de procesos para apoyar a los centros en una situación más crítica. Para llevar a cabo esta última tarea, seleccionamos una serie de «empleados designados» entre los directores de centros de día y de mayores de la AMAS, ya que tenían mucha experiencia y disponibilidad por el cierre de sus centros. Su misión consistiría en trabajar estrechamente con los responsables de cada residencia para estabilizar la situación asistencial, que no sanitaria, de los centros intervenidos. Entre sus tareas concretas se encontraban velar por el bienestar de los residentes, garantizar una comunicación fluida y constante con sus familiares, reorganizar y reforzar la plantilla a través de bolsas de candidatos facilitadas por la Consejería y vigilar estrechamente el cumplimiento de las instrucciones de Sanidad. El 31 de marzo tomamos la decisión de intervenir las ocho primeras residencias, aunque unos días más tarde decidimos ampliar la intervención a otras cinco. En un primer momento, los trece empleados designados se reunieron con las direcciones de los centros para explicarles el proceso que habíamos iniciado y recopilar los detalles necesarios para elaborar un informe de situación. Estos primeros encuentros no fueron muy bien recibidos por algunas residencias —había quien consideraba que su situación ya estaba estabilizada y que este proceso perjudicaba su imagen comercial— y por algunas plataformas —la consideraban una intervención testimonial y poco efectiva. (...)
Ifema fue un plató para la puesta en escena del guion propagandístico diseñado desde Sol: Una presidenta en acción. Les fue tan bien el story de Ifema que más adelante buscaron su réplica con el hospital Zendal, aunque eso quedará fuera del alcance de este texto. Las pruebas de la vocación publicitaria de este hospital son numerosas. Por ejemplo, solo estuvo abierto cuarenta y un días —los primeros pacientes ingresaron el 22 de marzo y se cerró el 1 de mayo— pero la presidenta lo visitó al menos en cinco ocasiones. También lo visitaron el rey Felipe VI y el entonces presidente del PP, Pablo Casado. ¿Qué pintaba en Ifema el presidente del PP? Ya lo digo yo: nada. Salvo subirse al carro del guion propagandístico diseñado en Sol. (...) Pero, pese a las 5500 camas anunciadas, el número total de pacientes que pasaron por el hospital durante sus cinco semanas fue de 3811, según datos de la Consejería de Sanidad. Y su pico máximo de ocupación fue de 1500 pacientes, un 25 % de lo anunciado. Así lo acabaría por reconocer la misma cuenta de la Comunidad de Madrid, pero dos años después, cuando ya no le interesaba a nadie (...).
La misma fuente que me había transmitido la existencia de esas instrucciones verbales de no recoger a personas de las residencias, me confirmaría que, en los días inmediatamente posteriores a la puesta en marcha del plan de choque, es decir, a partir del 27 de marzo, la misma persona que había dado instrucciones de no recoger a personas de las residencias para llevarlas a los hospitales trasladó a la plantilla del SUMMA 112 que a partir de entonces podían hacerlo. También eso coincide con otros testimonios, como ocurre con las declaraciones del director de la residencia pública Reina Sofía de Las Rozas recogidas en una noticia publicada por elDiario.es el 1 de abril: «No hemos podido derivar ningún residente desde el 10 de marzo hasta el lunes [entiendo que se refiere al lunes anterior a la publicación de la noticia, por tanto, el 30 de marzo]»149. Nunca sabremos si este cambio de criterio en el SUMMA 112 se produjo porque entonces la responsabilidad de las residencias ya había pasado a la Consejería de Sanidad, porque la situación hospitalaria apuntaba signos de mejoría o porque las residencias ya se habían resignado a su suerte y eran muy pocas las que solicitaban traslados a hospitales. Desgraciadamente, ningún responsable político relacionado con las derivaciones hospitalarias se someterá en sede parlamentaria a las preguntas que confirmen alguno de estos extremos. Uno de los convocados a la comisión de investigación era el gerente del SUMMA, al que habría que preguntarle si eran ciertas esas instrucciones, pero no llegó a comparecer por el bloqueo del PP y Vox después de las elecciones de mayo de 2021. (...)
Ignacio Fernández-Cid siguió siendo igual de claro acerca de los problemas en las derivaciones hospitalarias. Esto es lo que dijo en su entrevista del 9 de mayo en El Español, que ya hemos mencionado151: P: ¿Qué sucedía al llamar al hospital? R: No nos dejaban derivarlos allí. Si llamas diciendo que tu padre está en la residencia directamente ni te atienden. Eso es una angustia tremenda. Hay muchas familias que se han enfadado porque no les hemos derivado a su padre o a su madre al hospital. Oiga, pero es que no nos han dejado. Y nos dicen: «¿Cómo va a ser posible?». Se lo prometo, no nos han dejado. Pero si una persona mayor desde su casa necesita ir al hospital, ese procedimiento no ha cambiado. Si tienes una urgencia, lo llevas a urgencias y ya está. El problema ha sido las personas que estaban en los centros. Por eso las familias no lo entendían. Y esa orden las han dado las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. El 14 de junio, El País publicó una noticia titulada: «La rebelión contra el hospital de una directora de residencia: “Esto es sentenciar de muerte a la gente y no lo pienso permitir”»152. El texto contaba que Lidia Sánchez había enviado el 9 de abril un escrito de desobediencia al Hospital de Alcorcón «por obligación ética» después de haber visto durante semanas morir a mayores sin atención médica. La noticia reproducía ese correo electrónico, que refleja muy bien lo angustioso de la situación para las residencias (...).
El 19 de marzo, Salvador Illa y Pablo Iglesias celebraron una rueda de prensa conjunta en la que explicaron las medidas aprobadas ese mismo día en un decreto y en una orden. Ninguna de esas normas afirmaba que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Iglesias, asumiera las competencias sobre las residencias; tampoco establecía un «mando único» para las residencias. Lo que dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es que habían elevado un protocolo «acordado con las comunidades autónomas» a carácter de orden ministerial con el fin de «garantizar la restricción de visitas», de «garantizar una atención médica mínima» y de «cerrar aquellos centros de mayores que no tuvieran las mínimas condiciones». En lo que se refiere a Pablo Iglesias, es cierto que aprovechó su intervención para enfundarse el traje de salvapatrias que tanto le gusta. Parece mentira que a estas alturas no conozcamos al personaje. Esa rueda de prensa me recordó a otra mucho más famosa celebrada en enero de 2016, donde sin encomendarse a Dios ni al diablo, se autoproclamó vicepresidente, responsable del CNI y no sé cuántas cosas más, después de reunirse con el Rey, sin que Pedro Sánchez, que supuestamente le nombraría, supiera nada. Pero lo que en realidad afirmó Pablo Iglesias durante la rueda de prensa del 19 de marzo de 2020 fue lo siguiente: Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros reforzando las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes (...)
Supongo que Iglesias, celoso de que el ministro de Sanidad hubiera sido nombrado autoridad única en el decreto del estado de alarma, soñaba con que se le reconociera un estatus similar. Y por eso cayó en la sobreactuación durante esa rueda de prensa. Pero de ahí a sacar la conclusión de que era el máximo responsable de las residencias es ir demasiado lejos. Las competencias sobre las residencias no pasaron a manos del Gobierno central, sino que siguieron, como hasta entonces, en manos de las comunidades autónomas. No hay BOE que sustente lo contrario. De hecho, lo que afirma el decreto del estado de alarma no admite interpretación: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios. Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5. La gestión de estos centros, igual que el resto de los recursos que están bajo el paraguas de la «asistencia social» que menciona el artículo 148.20 de la Constitución Española, siguieron siendo competencia de las comunidades autónomas. El mando único lo asumió en materia sanitaria a nivel nacional el Ministerio de Sanidad en el decreto del estado de alarma. Lo demás, son cuentos y ganas de enredar. (...)
Pero esta historia está repleta de mentirosos que, en un momento insospechado, acaban enredándose en sus propias mentiras. Es lo que le ocurrió a la presidenta Ayuso el 18 de junio de 2020 en una entrevista con Sonsoles Ónega en el programa Ya es mediodía de Telecinco266. La presentadora le hizo una pregunta sin doble intención y que ni siquiera mencionaba el asunto de las competencias: «¿Por qué en el Ayuntamiento de Madrid sí ha sido posible el acuerdo y en la comunidad no?». Esta fue la respuesta de la presidenta: «Es cierto que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas, yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España, entonces es cierto que son distintas competencias». La contrapregunta de Sonsoles Ónega no se hizo esperar: «¿Nos está diciendo que gestionó las residencias, luego no fueron competencia del mando único?». Reproduzco la respuesta de la presidenta: No, a ver, ya empezamos, la gestión de los servicios sociales… a ver el ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, de los hospitales que las competencias autonómicas y municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las residencias. No os esforcéis por buscar un sentido a la respuesta, porque no lo tiene. Las competencias sobre las residencias las tenía la Comunidad de Madrid. Es mucho más sencillo.
Pero la verdad no solo se le escapó a la presidenta, sino también al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. Fue durante el debate del Estado de la Región del 15 de septiembre de 2020: Dice usted: «Tráigame aquí un boletín oficial que diga que Pablo Iglesias asume el mando»; vale, bueno, a ver, no es el boletín oficial, es una noticia de La Sexta, que para usted puede ser más o menos algo así como creíble (Risas.): «Pablo Iglesias se pone al mando de los servicios sociales de toda España: vamos a construir un escudo social». Oiga, ¿está mintiendo La Sexta? ¿Lo está diciendo usted? ¡A ver si se están equivocando! (Aplausos.) ¿Esto qué es? ¿La caverna mediática? ¡Es La Sexta! «¡El ministro Illa ha puesto al mando de los servicios sociales de toda España al vicepresidente Pablo Iglesias!». ¡Oiga, eso lo dice La Sexta!, que ya sé que no es el BOE, pero usted le dará un poquito de credibilidad, pero bueno (...)
¿Qué es lo que pasaba con esta historia? Pues que se trataba de otro bulo. Y de un bulo muy inteligente, todo hay que decirlo. La frase que encasquetaba las competencias de las residencias a Pablo Iglesias la entiende cualquiera. No funcionaría igual si dijera, por ejemplo: «Las competencias son del Gobierno central». Demasiado técnico. Incluir a Pablo Iglesias en la historia (el «malo» de la película, a ojos de mucha gente), le añadía ese componente emocional necesario para que un bulo prospere. Sobre todo, entre los convencidos. En eso consiste el populismo. Desmentir un bulo exige explicaciones detalladas, complejas y, por qué no decirlo, aburridas. Ya lo hemos visto, hay que tirar de normativa. Un rollo. Es mucho más entretenida la primera frase. Así funciona esto. Por tanto, «las competencias de las residencias son de Pablo Iglesias». Punto final. Podríamos criticar la gestión de Pablo Iglesias en relación con las residencias por muchas cosas, pero en este caso es por la razón equivocada. No les importaba lo que hubiera hecho o no. Nunca les ha importado. (...)
Y a eso se le sumaba otro objetivo: confundir a la opinión pública, que no sabrá muy bien con qué carta quedarse y que llegará a la conclusión de que, como hay dos versiones de peso parecido, ninguna de las partes tiene razón. Lo cual se convierte de manera inmediata en el triunfo innegable de la mentira. Porque no hay dos versiones. Hay una que es falsa y otra que es verdadera. Lo demás es caer en sus trampas. (...)
Pero hay una explicación aún más sencilla para entender que todo no era más que un bulo. ¿Os imagináis por un casual que, si Pablo Iglesias hubiera sido el responsable de las residencias, PP y Vox se habrían apresurado tanto en dar carpetazo a una investigación parlamentaria en la Asamblea de Madrid sobre su gestión? No, ¿verdad? Ahí lo tenéis. ¿Por qué? Porque era mentira. (...)
En lo que se refiere a mi labor como consejero, siempre me quedará la espina clavada de si pude hacer más o de si pude haberlo hecho de otra manera. Otros no hicieron nada, salvo aprobar protocolos vergonzosos para luego negar su existencia o que llegaran a aplicarse. En cuanto pudieron, bloquearon la comisión de investigación sobre la gestión en las residencias para no tener que dar explicaciones. Lo único que hicieron fue esperar a que escampara e intentar que la gente se olvidara. Pero ahí están las cifras, desmintiendo el relato que nos han querido contar acerca de la excelente gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. El Barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, publicado el 12 de octubre de 2021 y elaborado con información de la Oficina Europea de Estadística, señaló a la Comunidad de Madrid como la región de la Unión Europea con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en comparación con la media de defunciones de los cuatro años anteriores, con un 44 %.(...)
la Comunidad de Madrid fue la región europea en la que más disminuyó la esperanza de vida con respecto a 2019, con una caída de 3.5 años. El segundo puesto lo comparten la región italiana de Lombardía y Castilla-La Mancha, donde el descenso fue de 2.8 años. ¿El exceso de mortalidad en la Comunidad de Madrid o el descenso tan elevado en su esperanza de vida pueden achacarse a los protocolos o a la no medicalización de las residencias? Es imposible establecer una relación causal irrefutable, pero lo más probable es que influyeran en gran medida. En la primera ola aproximadamente la mitad de los fallecidos provenían de una residencia, independientemente de que su muerte se produjera en ellas (la mayoría) o en un hospital. (...)
Ya lo he dicho varias veces en este texto: que los demás no hicieran nada no es suficiente consuelo. De lo que sí estoy orgulloso es de que, a pesar de la irresponsable campaña en mi contra que pusieron en marcha, no me dejé vencer. A uno siempre le quedan dudas acerca de cómo se comportaría en situaciones verdaderamente difíciles. Leyendo sobre momentos terribles de nuestra historia, muchas veces me he preguntado: «¿Qué habría hecho yo?». En este caso no tengo nada de qué avergonzarme. Les hice frente sin importarme las consecuencias. Ahora sé que de no haberlo hecho y de haberme dejado doblegar por sus mentiras, hoy sería el único culpable de lo que pasó, por encima de protocolos infames, de que no medicalizaran las residencias o de la puesta en marcha de inaceptables chapuzas como la «operación bicho». Lo que me salvó fue contar la verdad, no callármela. (...)
Animaría a quienes han hecho todo lo posible por no comparecer a que dejen de negarlo todo, a que respondan por sus decisiones, a que den la cara, a que no oculten información, a que no digan mentiras y a que cuenten su verdad. Las víctimas del covid en las residencias tienen derecho a saber lo que pasó. Por favor, comparezcan y dejen de lanzar mensajes de que les importa el sufrimiento de las víctimas. Los familiares no necesitan que nadie se autoproclame su defensor. Necesitan la verdad. Solo eso. Es demoledor que un gobierno se niegue a rendir cuentas. Eso no hace más que incrementar la inmensa deuda que teníamos pendiente con los que ya no están. Mientras no hagamos eso, es imposible que cierren sus heridas. Personalmente, solo estoy reclamando responsabilidades políticas. La obligación de rendir cuentas es de primero de democracia. En cuanto a las responsabilidades penales, no me corresponde a mí su búsqueda. Por eso dije lo que dije en la comisión en relación con los protocolos: «No son éticos y posiblemente no sean legales». Tenía claro que había un problema ético porque contradecía principios tan básicos como la igualdad o la dignidad, con independencia de la edad o de la discapacidad. Me han echado en cara que no acudiera entonces o más tarde a los juzgados a denunciar los protocolos. Puede que esté equivocado, pero siempre he considerado que la valoración de la legalidad de esos protocolos no me correspondía a mí, sino a los jueces y fiscales, quienes no lo han considerado necesario hasta ahora. También tengo que confesar que me cuesta trabajo entender que, en los procedimientos abiertos, aún no hayan llamado a declarar a ningún responsable de la existencia de esos protocolos para explicar qué es lo que pretendían con su puesta en marcha. O que Fiscalía no haya mostrado más interés en investigarlos. (...)
Cuando abandoné la Consejería en octubre de ese año horrible, lo peor en las residencias madrileñas ya había pasado. La inmunidad actuaba de barrera a la enfermedad en la mayoría de ellas. Luego llegarían las vacunas y el final de la pesadilla. Por eso a algunos les extrañó que me fuera cuando las cosas ya estaban mejorando. «Si lo peor ha pasado, ¿por qué te vas?», me decían. Pero, aunque lo hicieran de buena fe, se equivocaban. Precisamente que las cosas fueran a mejor no me empujaba a quedarme sino a todo lo contrario. Aguanté mientras creí que debía hacerlo, pero me fui entonces porque me resultaba imposible compartir nada con quienes habían querido borrarme del mapa. Con ellos no podía ir ya ni a la vuelta de la esquina. Eso en lo que se refiere a la parte emocional, que me dejó agotado y vacío. Pero también había argumentos racionales en mi decisión. Continuar como consejero no conducía a nada. No esperaba nada bueno de nuestra asociación y no quería compartir proyecto con quienes no se inmutaban por excluir a las personas más vulnerables de la atención sanitaria. Nunca más. (...)
De alguna manera se cierra un ciclo que comenzó hace años cuando me enfrenté a la dependencia en casa y comencé a escribir un blog de clarividente título a la luz de lo ocurrido después: «No es Madrid para viejos». A pesar del tiempo transcurrido, cuando releo hoy las entradas de ese blog, me reconozco. Sigo siendo el mismo. Me revuelven las tripas las mismas cosas. Las mismas injusticias. La misma desfachatez de los de siempre. Mi paso por la política no me ha cambiado. Habría querido cambiar más cosas, es verdad. Pero me marché con la sensación de que las inercias de la administración o las redes clientelares dificultan mucho los cambios, por pequeños que sean. Y también me faltó tiempo, claro. Durante toda la crisis me rondó la convicción de que un Gobierno autonómico no está para hacer oposición al Gobierno central. En Madrid, la queja y el victimismo se han convertido en una estrategia de confrontación con el Gobierno central. Con indudables réditos electorales y de popularidad, es verdad. Lo que no le quita ni un ápice de irresponsabilidad. No puede ser que los gobiernos independentistas de Cataluña acaben siendo el referente. Algo funciona mal en nuestro sistema autonómico cuando no hay suficiente cooperación y lealtad entre las instituciones. Todos somos Estado y a veces se nos olvida. La oposición al Gobierno central se hace en el Congreso de los diputados, aunque eso no sirva para lanzar al estrellato a ningún dirigente autonómico. Siempre tuve claro que un consejero (o un presidente) gobierna para todos los ciudadanos, los que les han votado y los que no. Esto, que parece obvio, se ha incumplido de forma reiterada e irresponsable en la Comunidad de Madrid. (...)
Existe un deseo comprensible y compartido por todos de pasar página. Pero es necesario que saquemos conclusiones acerca de lo que pasó en las residencias durante la primera ola de la epidemia. En las olas siguientes ya tuvimos en cuenta algunas cosas que, aunque parezca increíble, habían sido desatendidas. Me refiero a cuestiones tan básicas como las siguientes: que todos los ciudadanos tengan derecho a una atención sanitaria pública; que la atención primaria también debe ocuparse de los usuarios de las residencias, no solo para tramitar recetas; que la derivación a los hospitales debe ser fluida y en función de las necesidades individuales de cada enfermo; que no puede haber instrucciones políticas que decidan sobre su destino; que las residencias están para cuidar, no para curar; que lo social no está en un nivel inferior a lo sanitario; que algunos recortes matan. Pero sigue siendo necesario que reflexionemos de verdad y sin filtros partidistas sobre lo ocurrido para que en el futuro hagamos las cosas mejor. No podemos permitir que pase un solo día sin que nuestras preguntas sobre lo ocurrido encuentren respuestas. También deberíamos ser capaces de revisar cómo hemos permitido que la polarización lo invada todo. Tomar una posición clara sobre cualquier tema implica ataques crueles desde la otra mitad de la sociedad. O eres facha o eres comunista. En cuanto levanté la voz sobre lo que consideraba injusto e indecente concité los odios de una parte de la derecha. ¿Por qué? Porque ponía en dificultades a los que habían sido capaces de poner en marcha esa barbaridad. Sin entender que me daba igual que esa medida la hubiera puesto una presidenta de izquierdas o de derechas, lo grave era el hecho en sí; la indecencia no conoce de colores políticos. Otro aspecto muy relacionado con la polarización es la mentira, que desgraciadamente se ha instalado con firmeza en nuestra sociedad. Que te pillen mintiendo no te pasa ninguna factura. Por eso hay políticos sin escrúpulos que mienten sin rubor. Hoy dicen lo contrario de lo que decían ayer y no pasa nada. Niegan lo que está escrito y da igual, pese a que eso genere ciudadanos descreídos. Lo importante es controlar el relato. La verdad ya no cotiza. Da igual que la Comunidad de Madrid fuera la región con mayor exceso de mortalidad de toda la Unión Europea durante la primera ola, mientras haya organizaciones —subvencionadas o de ningún peso institucional— que nos entreguen premios por nuestra buena gestión. Y si alguien lo critica es porque es comunista (...).
En este relato también ha quedado de manifiesto la responsabilidad de la prensa, que debería reflexionar seriamente sobre su papel y sobre su futuro. En lugar de airear bulos o intoxicaciones, deberían denunciarlos. Y no me refiero solo a los medios que se dedican descaradamente al activismo o que solo se alimentan de subvenciones, sino también a los que compran relatos que les llegan empaquetados y que no los someten a ninguna crítica. ¿En qué cabeza cabe que un protocolo firmado por un alto cargo de Sanidad se convirtiera en algún momento en un borrador? En un país normal cualquiera que utilizara un argumento como ese debería irse a su casa inmediatamente, ya fuera político o periodista. Parece que los hechos han perdido terreno con respecto a las opiniones. Quizá sea un antiguo, pero sigo pensando que el papel de la prensa todavía es muy importante en una sociedad democrática. Y si muchos medios siguen por este camino acabarán sumidos en la irrelevancia. Por suerte todavía hay medios y profesionales que resisten. (...)
"En lo que a mí respecta, y ya que no tendré la oportunidad de compartir mi versión ni mis conclusiones en la Asamblea, como habría deseado, he escrito este texto donde todas las personas interesadas podrán encontrar lo que sé. Espero haber respondido de alguna manera a esa pregunta que me planteaba Baltasar Garzón en el artículo que mencionaba en la Introducción: «Si así piensa y no estaba de acuerdo, entonces, ¿por qué consintió en tales medidas cuando era consejero?». No sé si lo habré conseguido. Que las preguntas sean más o menos sencillas no significa que las respuestas también lo sean; la realidad es siempre mucho más complicada. Por eso he intentado reflexionar y poner por escrito mi versión sobre lo ocurrido. Al menos me ha ayudado a cicatrizar una parte del inmenso dolor que todavía siento.
Madrid, septiembre de 2022
