Don Vicente fue militante popular toda su vida y amigo personal de Manuel Fraga. Se profesaban cultivada amistad mutua, nunca negada por ninguna de las dos partes. A Fraga no le faltaba de nada en sus visitas a Arousa: copiosas comidas y mariscadas, muchas de ellas en el parador de Cambados (donde el tiroteo), otras, en alguno de los restaurantes que poseía «Terito» o en el Casino A Toxa, segunda residencia del contrabandista. El dirigente de AP era recibido con fanfarria y honores, y a don Vicente se le correspondió desde el partido con la insignia de oro y brillantes. «Terito» garantizaba los votos en una comarca donde los populares se llevaban —y se han seguido llevando en algunos municipios— el 70% de las papeletas2. No es ningún secreto en Galicia —y mucho menos entre los periodistas de las Rías Baixas— que, además de votos, «Terito» se ganó la medalla de oro por su supuesta financiación millonaria de las campañas del partido, generosos donativos que forjaban el estrecho vínculo de AP con el contrabando. «No tengo pruebas de esa financiación, pero nunca recibí ninguna querella por escribirlo», resume Perfecto Conde, autor del libro La conexión Gallega.
(...) las multinacionales del tabaco perfilaron tres poderosos socios a principios de los 80: los grupos griegos, la camorra italiana y los clanes gallegos. Las decisiones de todo este entramado se tomaban anualmente en el Gran Premio de Fórmula 1 de Montecarlo, donde alguna vez asomó la cabeza alguno de los capos gallegos. En los acuerdos se prorrateaban las posibles pérdidas. Sobraba el dinero. Gracias a su experiencia tras décadas de estraperlo, los clanes gallegos se hicieron en pocos meses con la confianza de las redes tabaqueras, y Galicia se convirtió en el puerto de descarga más importante del contrabando europeo. Centenares de buques desfilaban por la costa gallega, cargados cada uno con el tabaco equivalente a varias decenas de viajes por carretera. La estimación que los jueces hicieron a principios de los años 80 señalaba que un tercio del tabaco ilegal de Europa se movía a través de Galicia. Según datos de la propia Administración, Hacienda dejó de recaudar 10.000 millones de pesetas al año a principios de los 80 por culpa del contrabando, esto es, 60 millones de euros, en el contexto de hace 35 años. (...)
Se movía tanto dinero que no daba tiempo a contarlo, y los contrabandistas hablaban de cantidades de dinero usando el peso de los fajos: «Te envío tres kilos; me debes 300 gramos…». Arrieta, a través de los capos gallegos, tenía sobornados a varios agentes de aduanas españoles y franceses, y pasaba el dinero sin dificultades. Cuando llegaba a Ginebra, dejaba el coche aparcado cerca del aeropuerto, frente a varias sucursales bancarias, y se iba. Un empleado del banco salía, recogía las bolsas y dejaba otras en el coche. Era oro que viajaba de vuelta a Galicia. Los contrabandistas lo guardaban o lo invertían en joyas para el mercado negro. A esta trama de lavado de dinero la prensa la bautizaría años después como Peseta Connection. (...)
El señor Eichenberg tiró de la manta metido en una furgoneta aparcada justo sobre la frontera franco-suiza. El contrabandista en el asiento de atrás, en Suiza, y el juez en el de delante, en Francia. El magistrado Sengelin le preguntó a Arrieta por qué no acudía a las autoridades españolas, y este le respondió que de los Pirineos para abajo no se fiaba de nadie. De hecho, el propio Sengelin puso en conocimiento de las autoridades españolas todo lo que había descubierto de la Peseta Connection. Y adivinen qué ocurrió: nada. El entramado siguió hasta la época del narcotráfico sin que nadie moviera un dedo, bien por desidia, bien porque la legislación española estaba entonces en pañales en materia de blanqueo y lavado de dinero. (...)
La aceptación del contrabando en aquellos tiernos 80 podría compararse con lo que hasta no hace mucho fue la tolerancia con los desmanes económicos del fútbol: todo el mundo sabía que se estaban cometiendo irregularidades, pero casi nadie se quejaba. Lo explica mejor el periodista de La Voz de Galicia Julio Fariñas: «En Arousa había tanto contrabando que la pregunta que cabía hacerse era quién no se dedicaba a eso. Era un medio de vida». En aquel entorno encajaba perfectamente la histórica cita del escritor Mark Twain: «Una vez mandé a una docena de amigos un telegrama: “Huye de la ciudad inmediatamente. Se ha descubierto todo”. Y todos huyeron».(...)
Como en la época del estraperlo fronterizo, sin ellos, nada de todo esto hubiera sido posible. Hubo un problema añadido, para algunos el más grave: la principal y más importante industria de las Rías Baixas —el contrabando— era una industria al margen de la legalidad. En consecuencia se creó, alimentó y consolidó una cultura delictiva. Gran parte de la sociedad de las Rías Baixas normalizó cosas como evitar a las autoridades, respetar a un capo ajeno al Estado o enriquecerse rápido y fácil. Se moldeó un escenario en el que vivir al margen de la ley era más o menos habitual. Era, si prefieren, normal. (...)
Hay cientos de versiones sobre esta reunión: algunas recogen que fueron los contrabandistas quienes se acercaron al presidente de forma imprevista y le robaron cinco minutos de su agenda. Otras señalan que se mantuvo un encuentro con todas las letras. Todas coinciden en concluir que Albor recomendó —o pidió— a los capos que regresaran a España y se entregaran a la justicia. Ellos le dijeron que estaban siendo perseguidos «de forma injusta por la justicia». El presidente tendría que dar explicaciones en el Parlamento gallego después de que se filtrara el encuentro y el PSOE presentara una interpelación. Albor llegaría a disculparse asegurando que ignoraba que los huidos se alojaban en el hotel al que acudió. Coincidencia o no, tras aquella reunión el juez Spiegelberg fue relevado de la investigación y enviado a Cantabria. Lo mismo sucedió con el gobernador socialista Virginio Fuentes, que fue destinado a Albacete, donde aseguraría meses después que no quería volver a saber nada del contrabando gallego. Al revuelo hay que añadirle una frase que hizo pública el periodista Perfecto Conde, interceptada por la Policía en una conversación telefónica entre el contrabandista Celestino Ayala, de A Pobra do Caramiñal, y el socio de Marcial, Manuel Prado. Ambos hablaban sobre la persecución de la justicia, la redada y la huida de Marcial y los demás a Portugal. En un momento dado, Ayala soltó: «Nos van a joder un año más, hasta que salga Fraga». (...)
En total, 93 contrabandistas fueron procesados y quedaron pendientes de juicio. Pero, misterios de España, la vista se fue aplazando hasta que se fijó una fecha, ¡ojo!, en 1993. Entonces, la Fiscalía se dio cuenta de que la legislación había cambiado en 1986 debido a la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), y se declararon los hechos prescritos. Los 600 años de cárcel y los 1,47 billones de pesetas que pedían de multa (más de 8000 millones de euros) se quedaron en nada.
Los exitosos envíos de prueba se frenaron momentáneamente en abril de 1984. Ese mes el cartel de Pablo Escobar asesinó al ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, que ocho meses atrás había puesto en marcha una agresiva campaña para terminar con la impunidad de los carteles. A Lara Bonilla lo balearon en su Mercedes desde una moto en el norte de Bogotá. Los escoltas salieron tras los sicarios de Escobar, que en la persecución perdieron el control de la moto. Uno de ellos murió en la caída y el otro fue capturado y condenado a 11 años de cárcel.
El asesinato provocó la ira del Gobierno colombiano, entonces dirigido por Belisario Betancur, que declaró la guerra a los narcos. Los capos de Medellín huyeron: Pablo Escobar se fue a Nicaragua y sus lugartenientes Jorge Luis Ochoa Vásquez y José Nelson Matta Ballesteros, decidieron aterrizar en Madrid. Con ellos llegaría también el jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. A España no llegaron por casualidad. Las reuniones mantenidas durante meses con los gallegos despejaron cualquier duda sobre el destino óptimo. Hasta qué punto debió de fluir el entendimiento que Matta Ballesteros se instaló a los pocos meses en A Coruña, en un enorme piso en el paseo marítimo con vistas a la playa del Orzán. Desde allí Matta Ballesteros inauguró una oficina del cartel de Medellín para lavar el dinero de la organización y reanudó el trabajo con los clanes gallegos. En la distancia, todo lo dirigía por teléfono su hermano Ramón. Una de esas llamadas la escuchó el inspector de policía Enrique León. El cartel colombiano estaba ya instalado en Galicia y la policía seguía persiguiendo cajetillas de tabaco.
Ochoa Vásquez y Rodríguez Orejuela se quedaron en Madrid, donde montaron más oficinas para consolidar el narcopuente entre España y Colombia y para blanquear la descomunal pasta que traían en los bolsillos. Nada más llegar a España, Ochoa se cambió el nombre y la cara mediante una operación de cirugía estética. La DEA lo buscaba con desesperación. Orejuela mantuvo el rostro pero se agenció unos papeles falsos. Ambos comenzaron a buscar negocios en los que invertir. Utilizaban como base un chalé de lujo que compraron en Pozuelo de Alarcón. En su rastreo contaron con el asesoramiento de importantes y prestigiosos abogados españoles pero fue demasiado escandaloso. El movimiento de tantos millones en tan poco tiempo resultó chirriante y el 15 de noviembre de 1984 la policía asaltó el chalé y los detuvo.
A Orejuela le pillaron una libreta de contabilidad en la que se especificaban transacciones millonarias derivadas del tráfico de cocaína. Desde Estados Unidos llamaron a Felipe González: querían a los dos narcos extraditados con urgencia. Al decir urgencia es probable que el Gobierno del entonces presidente Ronald Reagan no se refiriese a los dos años que pasaron los capos colombianos encarcelados en España. Ochoa y Orejuela, dirigentes de los carteles de Medellín y Cali, conocieron la prisión del Puerto de Santa María y la de Carabanchel mientras se negociaba su extradición. Adivinen quiénes cumplían condena esos mismos meses debido a la gran redada contra el tabaco de 1984. Así es, los contrabandistas gallegos, entre ellos Sito Miñanco, que tuvo tiempo de sobra para compartir confidencias con los colombianos y consolidar la relación iniciada en Panamá. Otros capos arousanos siguieron su estela y en los pasillos y celdas de la prisión alumbraron nuevos vínculos que apuntalaron los lazos entre Galicia y Colombia. En Arousa se dice —no sin razón— que el narcotráfico gallego se gestó en Carabanchel.
Los gallegos fueron saliendo de la cárcel enseguida gracias al buen hacer de sus abogados. Los colombianos estuvieron hasta 1986 y al final consiguieron que el Gobierno español no los extraditase a Estados Unidos, donde les esperaban entre 10 y 15 años de cárcel. Para sorpresa de Washington, los capos fueron devueltos a Colombia, donde meses después de su llegada quedaron en libertad. Sobre esta negociación que evitó la extradición se habla largo y tendido en el libro El ajedrecista, escrito por Fernando Rodríguez Mondragón, el hijo mayor de Orejuela. En la obra se recogen las memorias del capo colombiano y hay una parte en la que afirma: "Salir de España nos costó 20 millones de dólares y Felipe González se quedó con cinco. (...) Los emisarios de Felipe González insistieron en que las elecciones estaban cerca y necesitaban el dinero, y por eso autorizaron la entrega". El libro cuenta que la entrega del dinero se llevó a cabo con el jet privado de Pablo Escobar y que también hubo una partida de 10 millones con destino a la Audiencia Nacional.
No existen documentos que respalden estas afirmaciones. Como tampoco hay pruebas de lo que señala unas páginas más adelante: en Carabanchel, además de con los jefes gallegos, Orejuela hizo buenas migas con un miembro de ETA experto en explosivos al que se llevó a Colombia. Sea o no cierto, fue en 1986 cuando el cartel de Medellín comenzó su etapa de narcoterrorismo, con atentados constantes en el país.
Fariña.
Nacho Carretero.
Libros del K.O.
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