Digámoslo rápido: la gente no se fue a dormir autonomista una noche y se despertó soberanista al día siguiente. No. Pero el relato del procès -el procès sobre todo ha sido un relato, demasiado a menudo desmentido por los hechos- ha convertido aquel episodio en una fuente de legitimidad permanente. (...)
Antonio Pedrol Rius planteó un caso hipotético. (...) 6 de septiembre de 1978. ostenía el todopoderoso presidente del Colegio de Abogados de la capital que el TC podía quedar deslegitimado si se llegaba a producir el siguiente escenario.
Un referéndum enfrenta a grupos mayoritarios. Gana una posición. El gabinete jurídico del partido derrotado detecta que la ley aprobada contiene aspectos anticonstitucionales. Decide presentar recurso. La resolución, en esta tesitura, pone en cuestión, a la fuerza, el edificio constitucional. Ninguna salida es del todo buena. Si el Constitucional no dicta sentencia en función de lo que considera que se ajusta a la ley, sacrifica su prestigio. No se lo podría permitir. Y si procede como tiene que hacerlo, «¿no se atraerá el Tribunal Constitucional, si hace esta declaración, la hostilidad, la impopularidad de millones y millones de ciudadanos?» Pedrol sabía que su planteamiento iba a contracorriente. Chocaba contra el espíritu sobre el que se estaba edificando el Estado democrático: el consenso. Se puso lírico.
Le parecía que había detectado una grieta. Y planteaba una solución, adaptada de la Constitución francesa. Antes de convocar el referéndum, el TC tendría que dictaminar favorablemente la constitucionalidad de la ley. Una manera de despejar el callejón sin salida. Pero si sus palabras no se inscribían en la Constitución, temía, se podía crear «una situación que podría llegar a ser dramática en el futuro político». A pesar de que su enmienda fue descartada por la Unión de Centro Democrático, de algún modo se asumió al cabo de un año. En la ley orgánica del TC de 1979 se incluiría la posibilidad de un recurso previo de inconstitucionalidad, pero en 1985 la disposición fue anulada para evitar que el recurso se utilizase para retrasar la entrada en vigor de leyes aprobadas (tal y como tan a menudo estaba haciendo la oposición). De este modo, la grieta se reabrió en pleno proceso de consolidación de la nueva democracia española.
En ese punto ciego se incrustó la reforma del Estatuto de 2006. El 28 de junio de 2010 el escenario planteado por Pedrol se produjo. Y desde entonces la grieta no ha hecho más que ensancharse. El cortocircuito que podía destruir el corazón del sistema: la ruptura del vínculo entre la ciudadanía y el Tribunal Constitucional. Es ahí donde estamos. Girando cada vez con más fuerza en el remolino de la degradación institucional. (...)
El pujolismo ha colaborado siempre con ese Estado del 78, era parte consustancial de este -su huella está en la Constitución, o en los pactos de la Moncloa- y casi se había confundido con él. Durante esos días de 1996, en el marco de ese Estado, el pujolismo coronaba, aparentemente, la cumbre de su proyecto. (...) Convergencia sacaba el máximo rendimiento competencial de una estrategia regionalista en España que después ponía al servicio de una cultura política nacionalista en Cataluña (...), nada lo ejemplifica mejor que el acuerdo en virtud del cual se hizo efectivo un amplio despliegue de los Mossos d´Esquadra. El control integral del territorio catalán quedaban en manos de la Generalitat. Pujol tenía incluso fuerza suficiente para imponer la caída de Alejo Vidal-Quadras, el líder del PP catalán que había articulado el discurso más severo contra el pujolismo. (...)
La tesis de Pujol era que, en lo que afectaba al modelo territorial del Estado, se tenía que avanzar en una determinada dirección. (...) Lo que hacía falta era que la Constitución, ambigua (el adjetivo es de Pujol), fuera interpretada con la voluntad de dotar de contenido político la distinción entre regiones y nacionalidades. (...) Pujol plantea el momento como el de una hipotética evolución del Estado de 1978. Cree que la evolución se puede hacer sin modificar el ordenamiento constitucional y repite que su hipotética modficación (...) implicaría la apertura de un proceso político de consecuencias inciertas. (...)
la alternativa constitucionalista propulsada por los populares se hizo con la hegemonía de la idea de España, monopolizándola, pero es un episodio determinante en el que la estrategia gubernamental confluyó con la "última gran batalla intelectual", como la definió José Carlos Mainer, que se ha vivido en España: la de la elaboración doctrinal de una posición para hacer frente a ETA. (...)
Pujol siguió trabajando en esa línea. Evitar la reforma del ordenamiento constitucional, usar su fuerza para decantarla. El principal teórico de esa salida fue un cerebro jurídico de primera: Enric Argullol. En Criteris per a un desenvolupament institucional Argullol partía de la constatación de la flexibilidad de la Carta Magna. Una flexibilidad que, fruto de la distinción entre nacionalidades y regiones, habría de permitir "elementos de asimetría inherentes a esta realidad diversa" (...). El estudio fue la base de una reunión confidencial celebrada en Madrid en la que la parte catalana estuvo integrada por Pujol, Macià Alavedra y Josep Maria Cullel -la vieja guardia del partido- y la parte española por Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro. No sirvió de nada. El diálogo se bloqueó.
Aznar lo quiso desbloquear en una reunión privada con Jordi Pujol (...) la propuesta política de Aznar (...) era incoporar a un nacionalista catalán como ministro de su gobierno. "Una entrada generosa, con ministerios importantes", ha recordado Pujol. Y Pujol, como había hecho varias veces -ya con Suárez, y también con González-, dijo que no. (...) Dijo no por miedo a perder la hegemonía política en Cataluña (...).
La reforma del Estatuto (...) nunca había sido la vía de Pujol. Repito sus palabras: "Abriríamos un proceso de consecuencias inciertas". Pujol y Convergència, de entrada, se oponían. Para Maragall, en cambio, la reforma del Estatuto era la única salida posible a la situación de bloqueo que habían fosilizado los dos líderes nacionalistas que eran Pujol y Aznar. (...)
Descartada por imposible la reforma de la Constitución, quizás era la única salida (...). Era un mecanismo de federalización de toda la estructura estatal desde una esquina. No quedaban alternativas. Aceptemos, entonces, que tal vez la reforma era necesaria. Pero aceptemos también que el marco español que la podía hacer viable había desaparecido. Ese marco era el del consenso. Un marco que durante la Transición, con sus limitaciones y ambigüedades, sí había existido. Un marco, sin embargo, que había implosionado. El PP, en plena fase neocon y casi antisistema (llenando las calles, una y otra vez, con manifestaciones contra los avances en derechos civiles), acabaría de minarlo. (...)
Parecía que la reforma del Estatuto se había hecho necesaria para desbloquear la parálisis del modelo territorial, pero sin un consenos amplio no hay reforma en profundidad posible. El momento sería aún más inoportuno tras la derrota del PP en las elecciones generales posteriores a los atentados yihadistas del 11M de 2004 (...). Mientras no se reconstruyera una lealtad compartida al mismo proyecto a nivel estatal, y aquí seguimos, difícilmente podía llegar a buen puerto la reforma del ordenamiento constitucional. (...) La elección del momento no es un elemento menor. Decidir iniciar entonces el proceso de reforma, valorándolo no por las intenciones sino por los hechos (...) fue un acto de irresponsabilidad. (...) Todo empezó mal. Y terminó peor. Todos los actores, casi todos, actuaron de manera irresponsable porque, en lugar de ordenar una nueva nueva situación, diseminaron las semillas del caos. (...)
La ofensiva del PP era política y sobre todo mediática. Fue sostenida e implacable. Igual que con todos los progresos en materia de derechos civiles impulsados a lo largo de la primera legislatura de Zapatero, la cuestión del Estatuto fue utilizada como una estrategia sistemática de desgaste del adversario. (...)
Pedrol Rius había señalado dos elementos vinculados al TC que podían desestabilizar todo el Estado del 78: por un lado, el recurso, y, por otro, el peligro de que el órgano quedara secuestrado por la partitocracia. El PP no se lo pensó dos veces y utilizó cualquier argucia para salirse con la suya, con la soberbia de quien cree que el Estad es él y con la falacia de presentarse como paladín del espíritu de concordia de la Transición. (...)
Se iba prefigurando una crisis constitucional y se terminaría injertando, sin que en ese momento nadie lo pudiera prever, en una crisis económica profundísima. La primera gran crisis de la globalización, solo comparable por su dimensión a la provocada por el crack de 1929. Poca broma. Una crisis que implicaría un verdadero cambio de orden. Una crisis que cerraba una etapa iniciada después de la Segunda Guerra Mundial y que abría un enorme socavón entre ciudadanos e instituciones, poniendo en cuestión, aquí y en todas partes, la democracia representativa. (...)
Fue durante esos años, entre 2006 y 2010 (los años del presidente Montilla), cuando el nacionalismo inició su metamorfosis. Un cambio que lograría la hegemonía y que se gestó, paradójicamente, cuando el socialismo gobernaba en todas partes. (...) Fue entonces cuando el nacionalismo, endosando el resultado de la reforma estatuaria a los socialistas, supo rearmar su proyecto. Y fue ahí, de hecho, donde se desarrollaría el nudo del procès. El nudo social e ideológico.
Diría que el procès,esencialmente, debería explicarse como la asunción progresiva por la corriente central de la ciudadanía de Cataluña de una mutacion del catalanismo (...): una parte considerable de la sociedad catalana ha interiorizado que la pertenencia a España es una rémora y, asumiendo como indiscutible un concepto tan atractivo y volátil como el del "derecho a decidir", ha naturalizado que la nación a la que siente que pertenece (la catalana) puede y debe dejercer el derecho a la autodeterminación. Es una evolución natural y lógica de la naturaleza anfibia del pujolismo. Obturada su mecánica regionalita, se mostraba cómo su cultura nacionalista había impregnado la piel del catalanismo. (...)
El desenlace. En las primeras escenas de esta última parte, cuando coinciden dos crisis. Son de naturaleza distinta, pero las dos profundas y durante una temporada larga madurarán juntas. Son la finaciera y la territorial. (...) Difícilmente el sistema político, controlado en ese momento por los socialistas en Madrid y Barcelona, podría haber aguantado dos ataques desde frentes distintos pero simultáneos. No hay reset posible. El sistema se cuelga. (...)
La conjura de los irresponsables.
Jordi Amat.
Nuevos Cuadernos Anagrama, 2017
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